Mucho hemos escuchado acerca de estas modificaciones que propone el gobierno federal, pero en realidad ¿cuáles son las implicaciones que tendría dicha reforma? Aquí intentaré explicarte algunas, pues entre más informados estemos como ciudadanos, más herramientas tendremos para exigir y defender.
Con esta reforma, corre riesgo la autonomía del INE, la estructura territorial de los órganos ejecutivos del Instituto en los 300 distritos electorales y en los 32 estados de la República, además de los procedimientos de capacitación y organización de la ciudadanía en los procesos electorales o la fiscalización de los ingresos y gastos de los actores políticos, así como el cumplimiento de las obligaciones de los partidos políticos.
La reforma considera la eliminación de las 300 Juntas Ejecutivas Distritales, que son las encargadas de preparar, organizar y celebrar las elecciones; en su lugar se propone la creación de una oficina auxiliar ocupada por una sola persona que tendría, bajo su responsabilidad, las tareas legales que hoy le corresponden a órganos ejecutivos no unipersonales.
También se busca reducir la estructura de las 32 Juntas Ejecutivas Locales que, de cinco vocalías, pasaría a tres, pues se eliminaría la Vocalía Secretarial y se fusionaría la de Organización Electoral con la de Capacitación y Educación Cívica, recortando 262 plazas, 96 de las cuales son del Servicio Profesional Electoral Nacional.
Esta reforma plantea que los Módulos de Atención Ciudadana se instalen en oficinas gubernamentales, escuelas o centros de salud y ahí, hay que decirlo, no hay garantía de que exista la infraestructura adecuada para el resguardo de datos personales sensibles como las fotografías y las huellas dactilares de cada ciudadana y ciudadano.
Por otro lado, la desaparición de los vocales de capacitación en los 300 distritos electorales impactaría seriamente en las tareas de educación cívica de aproximadamente doce millones de ciudadanos que en cada elección federal integran las Mesas Directivas de Casilla.
Estos son sólo algunos de esos cambios que propone el Plan B, y claro, estamos a favor de que se mejoren procesos, pero no de esta manera, que sólo tiene el objetivo que minar la operatividad del INE y con ello regresar a esas épocas en las que el gobierno era juez y parte en todos los procesos electorales. No queremos volver a esos tiempos, por eso, confiamos en que la Corte dé marcha atrás a estos intentos de debilitar esa democracia que tanto nos ha costado construir.
