El Estado de Derecho es uno de los fundamentos más importantes de una sociedad democrática y próspera. Representa el compromiso de que las leyes se apliquen de manera justa, igualitaria y sin distinción de personas, estableciendo un marco donde se garantizan los derechos de los ciudadanos y se promueve la convivencia armónica. Para Coparmex, la defensa del Estado de Derecho no es solo un deber cívico, sino un pilar esencial para garantizar el desarrollo económico, la inversión y el bienestar social en México.
La fortaleza del Estado de Derecho es un factor determinante para atraer inversión nacional y extranjera. Cuando las leyes son claras, predecibles y se aplican con imparcialidad, los empresarios tienen confianza para desarrollar proyectos, generar empleo y fomentar la innovación. Sin embargo, cuando este principio se debilita por la corrupción, la impunidad o la ineficacia institucional, se genera incertidumbre, lo que desalienta la inversión y frena el crecimiento.
México enfrenta grandes retos en materia de corrupción e impunidad, fenómenos que erosionan la confianza en las instituciones y perjudican el bienestar social. Según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, nuestro país se encuentra rezagado en comparación con otras economías de América Latina.
En este contexto, Coparmex ha sido permanentemente una voz activa al exigir un entorno en el que se respeten los contratos, se sancionen los actos de corrupción y se fortalezca el sistema de impartición de justicia. El desarrollo económico sostenible no puede florecer sin un marco de legalidad que proteja los derechos de todos los actores, desde el pequeño comerciante hasta el gran inversionista.
La movilidad social requiere de un Estado de Derecho sólido. La justicia no es un privilegio, sino un derecho fundamental. Cuando el Estado de Derecho se debilita, los más vulnerables son los más afectados: se amplían las brechas de desigualdad, se socavan los derechos humanos y se perpetúan ciclos de pobreza y exclusión. Coparmex entiende que la estabilidad social es indispensable para un desarrollo equilibrado, por lo que ha defendido reformas y políticas públicas que fortalezcan el acceso a la justicia y la protección de los derechos de todas las personas. Además, un marco legal sólido es esencial para combatir la informalidad, un fenómeno que afecta a millones de trabajadores en México, negándoles acceso a seguridad social y oportunidades de desarrollo profesional. La legalidad y el cumplimiento de las normas son herramientas clave para construir un país más justo e inclusivo.
El compromiso de Coparmex se traduce en acciones concretas: desde la capacitación de líderes empresariales en materia de legalidad hasta la participación activa en el diseño de políticas públicas que promuevan la justicia y la seguridad jurídica. Este esfuerzo no es aislado; es una invitación abierta a que más sectores de la sociedad se sumen a esta causa fundamental.
La defensa del Estado de Derecho es más que un ideal; es una condición indispensable para un México próspero y competitivo. Como lo ha reiterado Coparmex, el cambio no se espera, se lidera. Cada vez que alzamos la voz por la justicia, cada vez que exigimos transparencia, y cada vez que actuamos con integridad, contribuimos a fortalecer el Estado de Derecho que tanto necesita nuestro país.
Cercanos al cierre de este 2024, comentaremos algunos de los momentos durante el año en los que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) mantuvo una postura firme en la defensa de las libertades, los derechos y el sistema democrático en México. A continuación, se destacan algunas de sus intervenciones más significativas:
Rechazo a la eliminación de organismos autónomos (enero de 2024): Coparmex se opuso a las propuestas de eliminar instituciones como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Los argumentos subrayaban que estos organismos – varios de ellos construidos en las últimas décadas como fruto de una agenda y presión ciudadana- son esenciales para garantizar la transparencia, la competencia económica y la regulación imparcial en sectores clave. Después de una ardua defensa en todos los frentes posibles, desde las instancias jurídicas aplicables hasta las marchas ciudadanas, lamentablemente en noviembre de este año la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional que eliminó siete organismos autónomos, y el 10 de diciembre pasado la Cámara de Diputados emitió la declaratoria de constitucionalidad de la reforma. La desaparición de estos entes, que fueron fundamentales para la protección de derechos ciudadanos y la vigilancia de la administración pública, significa un enorme retroceso en los valores que ostentan las naciones democráticas, desarrolladas y de libertades: la transparencia, la seguridad de los datos personales, el acceso a la información, la regulación, vigilancia y decisiones en consenso de las actividades productivas y su libre competencia.
(Continuará…)
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