No es novedad que la desconfianza hacia la clase política se encuentra en sus niveles más bajos desde que dicha variable se mide. De acuerdo la Encuesta Mundial de Valores 2018 (EMV), en México poco menos de 2 de cada 10 ciudadanos tiene confianza en el gobierno y sólo uno lo hace con los partidos políticos. La métrica a la baja aplica también para el resto de las instituciones del país: diputados, senadores, fuerzas armadas, instituciones de impartición de justicia, organismos federales y locales.
Esta incredulidad hacia la vida institucional del país cobra factura diaria, afectando considerablemente el involucramiento y participación de los ciudadanos en el quehacer cívico. Es así, que el mayor desincentivo de creación de ciudadanía es el descrédito que se ha auto infligido la clase política y administrativa del país, y si bien debo reconocer que existen justos y pecadores en esa arena, la realidad es que al final el ojo crítico ciudadano no distingue a unos de otros.