Hace un par de semanas, previo a la “consulta ciudadana” celebrada por el Congreso del Estado, el Reforma (09/10/19) hizo un ejercicio demoscópico similar y encontró que un 54% de la población del estado se encontraba en contra de dicha ampliación de mandato. Para aumentarle a la preocupación social, la misma encuesta preguntó si la acción de ampliación del período de gobierno promovida por Jaime Bonilla en BC podría sentar un precedente para los gobernadores que quisieran extender sus propios mandatos; el 72% de los entrevistados dijo que si, que el “ejemplo” de Baja California podría replicar un espíritu de gobiernos extendidos en el país incluyendo el del propio gobierno federal.

Más allá de esto, todas las encuestas serias tendieron a demostrar que ni los militantes o afines a Morena estaban de acuerdo con esta acción, ni con la consulta a modo que decidieron implementar los legisladores del mismo partido en la entidad para decidir si entregaba el proyecto de ley a la mesa directiva del congreso estatal. Consulta que, dicho de paso, replicó la práctica sesgada que utilizó la administración federal para justificar el abandono del aeropuerto de Texcoco a favor de Santa Lucía: con pocas mesas de votación, boletas que inducían el sentido del voto, una muy baja participación ciudadana y un nulo control sobre el sistema de conteo final.

En resumen, como lo definió Lorenzo Córdova, un atropello a la democracia y a los procedimientos que tanto ha costado implementar en México para dar fortaleza y certidumbre al voto ciudadano. Un mal ejemplo que puede contagiarse rápidamente en el país en beneficio del poder político y en contra del poder ciudadano.

De ahí dos amargas lecciones que deja el experimento en Baja California:

1.- Los ejercicios antidemocráticos -como los de las consultas referidas o las votaciones a mano alzada- pueden volverse tan comunes de ahora en adelante que los ciudadanos tiendan a confundir los valores democráticos con los autoritarios, cambiando en esta misma generación la preferencia de un régimen de libertades por uno de controles o incluso de represión.

Dicho desgaste democrático ya se ha comenzado a expresar; como lo refiere Alejandro Moreno (El Financiero 04/10/2019), por cada tres ciudadanos mexicanos que prefieren la democracia en nuestro país hay uno que opta por el autoritarismo, y estos pro autoritarios tienden a localizarse en entidades donde la pobreza se ubica por encima del promedio nacional, como en Chiapas, Oaxaca, Tlaxcala o Hidalgo. Pero el peor dato es que las nuevas generaciones, y preferentemente las mujeres, están optando por valorar de mejor manera un gobierno autoritario por encima de uno democrático.

2.- La Federación, que originalmente se declaró de manera enérgica contra las acciones de Bonilla, ha pasado a mantener un papel discreto y tímido, argumentando que no está en su esfera de competencias sino de la Corte. El desvanecimiento de la autoridad federal en el tema, particularmente de la Secretaría de Gobernación, contribuye a la perspectiva nacional de un gobierno que tiene una agenda de gobernabilidad y justicia selectivas donde los suyos pueden permanecer impunes (caso Bartlett), pero los ajenos son estructuralmente perseguidos.

Ahora, en un hecho inédito, deberemos vigilar con detalle el trabajo y la dictaminación que tome la Suprema Corte sobre la ampliación de mandato en Baja California.

Esperemos que la legalidad, la democracia y la opinión de los habitantes del estado se impongan sobre la agenda -aparentemente complaciente- que han tenido algunos ministros a últimas fechas para con el poder político por encima de la voluntad de los ciudadanos.