Hace un par de semanas publicó el INEGI su última encuesta nacional de seguridad pública urbana y confirmó que 7 de cada 10 mexicanos mayores de 18 años se siente inseguro de vivir en su ciudad.

Resulta significativo resaltar las diferencias geográficas, pues la percepción de inseguridad parece concentrarse en lugares específicos y no ser un fenómeno generalizado a nivel nacional.

La zona de mayor percepción de dicha situación social se concentra en la zona conurbada del norte de la Ciudad de México y la zona sur -colindante- del Estado de México. Destacan Ecatepec, donde al 93% de la población le parece inseguro vivir ahí, seguido de Naucalpan y Toluca, y combinado con la alcaldía Gustavo A. Madero que es la más norteña de la ciudad capital.

En contraste, en San Pedro Garza García, Nuevo León, en Mérida, en La Paz o en Los Cabos, la percepción de inseguridad promedio no supera los 25 puntos.

Algo similar ocurre con Querétaro capital. Hasta el año pasado al menos 5 de cada 10 ciudadanos se sentía inseguro y hoy ese porcentaje parece mantenerse igual, aunque con un ligero decrecimiento como resultado del confinamiento generalizado por COVID-19.

Pero el diagnóstico debe ir más allá, pues los valores de percepción se han mantenido prácticamente sostenidos en todas las ciudades desde hace un par de años. Es decir, que tanto quienes perciben alta como baja inseguridad no han cambiado su apreciación en los últimos 24 meses y esto amerita una reflexión profunda sobre las acciones federales y locales en la materia pues, al menos en el ánimo social, no se alcanza a percibir una política pública federal que esté haciendo una diferencia.

Menos se percibe lo dicho por el secretario de Seguridad Pública Federal, Alfonso Durazo, quien previo a renunciar al encargo para ir a buscar la gubernatura por Sonora declaró que “se han dejado atrás los días más negros de la inseguridad en el país”.

Coincido, en sintonía con la mayoría de analistas, que los resultados de la actual administración en materia de seguridad pública han sido magros. Si la acción de “militarizar” al país y a las fuerzas de seguridad buscaba ser una apuesta eficaz, hasta el momento continúa siendo – lamentablemente- una falacia.

Si bien la misma encuesta del INEGI reporta una alta aprobación al desempeño de la Marina y el Ejército en sus labores de apoyo a la seguridad ciudadana con niveles arriba de 80%, pareciera que la Policía Federal y la Guardia Nacional distan mucho de lograr tales niveles de apoyo social al encontrarse en promedios de sesenta por cientos.

La seguridad sigue siendo una deuda de la actual administración, más para las mujeres quienes somos las que significativamente percibimos mayor riesgo, pues 7 de cada 10 mexicanas nos sentimos inseguras en las ciudades versus 6 hombres en promedio.

No pueden claudicar a una agenda de seguridad integral y no podemos dejar de exigir una estrategia de resultados tangibles. No aceptemos la normalización de la inseguridad, no demos vuelta a la página tan fácilmente, pues si lo hacemos no sólo dañamos a toda una comunidad sino que permitimos a aquellos que votamos que sientan que todo está bien y que hay tiempo hasta para hacer campañas.