Compartimos el objetivo de mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores y de ello hemos dado cuenta en muchas columnas anteriores. En este espacio hemos insistido en la nueva conciencia empresarial bajo el Modelo de Desarrollo Inclusivo (MDI) que propone nuestra Confederación Patronal de la República Mexicana, alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y a los esquemas de empresas que sistematizan los procesos de las empresas en el ámbito ambiental, el social y el de gobernanza (ASG), todo de manera integral para el bien común y desde nuestra visión humanista, por la dignidad de la persona. No obstante, advertimos que este proceso debe construirse con diálogo, gradualidad, realismo y balance económico.

México ha avanzado en los últimos años en dignificar el trabajo: el salario mínimo ha tenido incrementos relevantes- desde el 2016 la Coparmex trabajó en el llamado al empresariado y gobierno por alcanzar la línea de bienestar salarial, y ha impulsado toda acción al respecto-, se han ampliado las vacaciones, regulado la subcontratación y reformado el sistema de pensiones. Estos logros, alcanzados mediante acuerdos tripartitos, reflejan que es posible avanzar cuando se privilegia la construcción de consensos. No obstante, hoy enfrentamos un nuevo reto que exige la misma madurez política y responsabilidad colectiva.

La reducción de la jornada laboral sin medidas paralelas que impulsen la productividad y la formalidad podría llevar a un deterioro del empleo formal. Más del 54% de la población ocupada está en la informalidad, y en estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, este indicador supera el 75%. ¿Puede la economía mexicana absorber una reforma de esta envergadura sin antes atender estos desafíos estructurales?

Desde Coparmex reiteramos nuestro llamado a la Secretaría del Trabajo para abrir mesas de trabajo amplias e incluyentes que efectivamente trasciendan y no sean únicamente una simulación de espacios de diálogo, como desafortunadamente ha ocurrido ya en repetidas ocasiones, entre ellas la reforma al Infonavit. No es momento de decisiones unilaterales ni de imposiciones políticas; es tiempo de acuerdos responsables. La reducción de la jornada debe contemplar una implementación gradual y flexible, con criterios diferenciados por tamaño de empresa y sector. En especial, debemos proteger a las micro y pequeñas unidades económicas que, aún en contextos adversos, siguen sosteniendo el empleo formal en México.

También es imprescindible avanzar en medidas complementarias que ayuden a absorber el impacto económico de una jornada más corta: deducibilidad al 100% de prestaciones laborales, actualización de la tabla de subsidios al empleo (ISR), impulso a la capacitación y fomento a la innovación tecnológica.

La reducción de la jornada laboral puede ser una tendencia global, pero cuando nuestro país permanece en el último lugar de productividad laboral entre los países de la OCDE, con un promedio de -0.1% de crecimiento en las últimas dos décadas, no debe convertirse en una consigna sin que se logre un balance entre el esfuerzo de los sectores público y privado. Defender la sostenibilidad de las empresas es también defender el futuro de millones de familias mexicanas.

Desde Coparmex, reafirmamos nuestro compromiso con una visión moderna y justa del mundo laboral. Seguiremos trabajando para que México sea una nación próspera, atractiva para la inversión y con empleos dignos y bien remunerados. Pero ese futuro solo será posible si transitamos del discurso a los acuerdos, de la imposición a la colaboración, del cortoplacismo a la visión de Estado.